La Comunidad Valenciana atraviesa una nueva etapa de crecimiento urbanístico en la que figuras como la Declaración de Interés Comunitario (DIC) están impulsando proyectos turísticos en suelo rural bajo etiquetas como “eco-resort”, “turismo sostenible” o “integración paisajística”.
Este cambio de lenguaje del sector inmobiliario y turístico, responde a una demanda creciente de experiencias vinculadas a la naturaleza. Sin embargo, más allá del discurso, muchos de estos desarrollos reproducen dinámicas tradicionales: ocupación extensiva del territorio, urbanización dispersa y un aumento de la presión sobre recursos como el agua o el suelo agrícola, reabriendo el debate sobre el verdadero alcance de esta nueva expansión territorial.
La narrativa ecológica: el nuevo lenguaje del negocio urbanístico
El cambio más visible respecto al pasado no es el modelo territorial, sino su justificación discursiva. Proyectos que hace veinte años se habrían presentado como urbanizaciones de lujo o resorts turísticos hoy se definen como eco-aldeas, desarrollos sostenibles, complejos de bajo impacto o iniciativas de regeneración rural.
El caso de Planes (Alicante), con The Modern Eco Village, es paradigmático: una macro-urbanización heredera de la burbuja inmobiliaria que resurge bajo un relato de autosuficiencia ecológica.
Castellonet de la Conquesta: la DIC como puerta trasera
El caso de Castellonet de la Conquesta adquiere especial relevancia porque ejemplifica con claridad el papel de las DIC como mecanismo de excepción.
En este pequeño municipio de la Safor de unos 150 empadronados en el que fuera de temporada de vacaciones conviven unas 80 personas, se tramita una DIC para un complejo turístico en suelo rural que incorpora elementos típicos del discurso verde: integración paisajística, baja densidad edificatoria, turismo sostenible, valorización del entorno agrícola y economía circular.
La Declaración de Interés Comunitario (DIC) planteada en Castellonet de la Conquesta no se limita a la construcción de habitaciones, sino que conlleva la implantación de un conjunto complejo de infraestructuras propias de un desarrollo turístico integral. En primer lugar, exige dotar a suelo rural de servicios básicos como abastecimiento de agua, red eléctrica y sistemas de saneamiento, además de habilitar accesos viarios y una urbanización mínima que garantice la funcionalidad del conjunto.
Al complejo turístico que se situaría en terreno agrario, solo se puede acceder a través de caminos rurales de 3-5 metros de ancho por los que transitan tractores, camiones en temporada de naranja y por los que tranquilamente pasean lugareños, senderistas y practicantes de BTT.
A esto se suma la infraestructura turística en sentido estricto: 20 suites de más de 100m2 cada una, completamente equipadas, un restaurante, piscina y diversos espacios destinados al ocio y actividades de 500m2, y un parque para caravanas, lo que configura una oferta más cercana a la de un establecimiento de estancia prolongada que a un alojamiento puntual, a menos de 1 km del pueblo de Castellonet, que no dispone de servicio médico más que 2 horas semanales, no tiene comercios de alimentación, ni de ningún tipo salvo una pequeña farmacia que abre 3 horas cada mañana y un restaurante que abre solo fines de semana. Paradójicamente, este macro proyecto turístico solo daría trabajo a 2 personas a tiempo parcial, según se describe en él.
Todo ello implica, en última instancia, una transformación territorial significativa, al reconvertir parcialmente suelo agrícola en un espacio de uso turístico, con las consecuencias paisajísticas, ambientales y funcionales que ello conlleva. Por esta razón, y tal como se ha difundido en el debate público —incluyendo las críticas articuladas desde el entorno de Instagram a través del perfil @castellonettranquil—, el proyecto se interpreta más como la implantación de un pequeño resort rural que como la construcción de un hotel aislado. De ahí que la controversia no sea meramente técnica, sino conceptual: se discute si se trata de un desarrollo turístico de baja densidad compatible con el entorno o, por el contrario, de una forma encubierta de urbanización en suelo rústico.
«No estamos en contra del turismo». Queremos que sea sostenible de verdad.»
La DIC, concebida originalmente para actividades de interés público, se convierte así en una herramienta que permite sortear las limitaciones del planeamiento ordinario. En la práctica, funciona como una vía de entrada para desarrollos que, en otro contexto, serían difícilmente autorizables.
Continuidad estructural: el modelo no ha cambiado
Pese a la evolución del discurso, los elementos esenciales del modelo urbanístico siguen siendo los mismos: viviendas unifamiliares dispersas, dependencia del vehículo privado, alto consumo de territorio y fragmentación del paisaje.
Este patrón ya fue ampliamente desarrollado en urbanizaciones como Cumbre del Sol o Monte Pego, que hoy funcionan como antecedentes directos.
El factor agua: el límite físico del crecimiento
Si hay un elemento que introduce una diferencia real respecto al pasado, es la creciente escasez de recursos hídricos. En comarcas como la Marina Alta, el acceso al agua se ha convertido en un condicionante decisivo.
El bloqueo parcial del PAI de Pego por restricciones hídricas evidencia que, más allá del marco legal o discursivo, existen límites físicos que cuestionan la viabilidad de este modelo.
Estos años 20265-26 han sido generosos en lluvias en estas comarcas de la Comunidad Valenciana, pero cabe recordar que venimos de años anteriores en los que la sequía ha dañado seriamente cultivos. y ha puesto en peligro el abastecimiento de agua tanto para uso agrícola como doméstico.
Los PAI: Llíber, Pego y la Marina Alta
Paralelamente, los PAI vuelven a ocupar un lugar central en la expansión urbanística, especialmente en la provincia de Alicante.
El PAI Medina Llíber es uno de los casos más controvertidos: cerca de 500 viviendas unifamiliares en un entorno rural, promovidas como un “eco-residencial”. A pesar de su etiqueta sostenible, el proyecto responde a un modelo de baja densidad altamente consumidor de suelo y recursos. Cada vivienda, con piscina particular en una comarca con serios problemas de abastecimiento de agua, se oferta a cerca de 1 millón de euros.
En Pego, el proyecto Pego Golf / Penya Roja plantea miles de viviendas asociadas a un campo de golf en las proximidades de un espacio natural protegido. Aunque actualmente enfrenta limitaciones por la disponibilidad de agua, ilustra la persistencia de un modelo intensivo y especulativo.
Otros desarrollos, como el de Gata de Gorgos, refuerzan esta tendencia de expansión en ladera y ocupación de grandes superficies.
Greenwashing territorial: una crítica necesaria
El conjunto de estos proyectos permite identificar un fenómeno claro: el greenwashing urbanístico.
Bajo esta lógica se reetiquetan desarrollos convencionales como sostenibles, se incorporan elementos simbólicos (agricultura, eficiencia energética, economía circular) y se minimiza el impacto acumulativo sobre el territorio.
El resultado es una despolitización del debate urbanístico, donde la sostenibilidad se convierte en un recurso retórico más que en un criterio estructural.
Un modelo nada «eco-lógico«
La Comunidad Valenciana no está ante una transición ecológica, sino ante un ejercicio de maquillaje discursivo que convierte el territorio en un producto de lujo disfrazado de sostenibilidad. Bajo términos como “eco-vivienda” o “resort integrado”, se están impulsando desarrollos cuyo acceso queda restringido a una minoría con alto poder adquisitivo, mientras la población local queda progresivamente desplazada. El resultado no es solo una transformación paisajística, sino también social: el encarecimiento del suelo y la vivienda convierte lo rural en un espacio aspiracional para visitantes o nuevos residentes temporales, pero cada vez menos habitable para quienes siempre han vivido allí. Lo “eco”, lejos de democratizar el acceso al territorio, se convierte así en un filtro económico.
Este modelo no solo tensiona el acceso a la vivienda, sino que genera un fenómeno silencioso de exilio interior: jóvenes y familias autóctonas que no pueden competir en precios se ven obligados a marcharse, mientras su lugar es ocupado por una economía orientada al turismo y al consumo estacional.
Las Declaraciones de Interés Comunitario (DIC), junto con otros instrumentos como los PAI, actúan como catalizadores de este proceso, legitimando bajo criterios técnicos lo que en la práctica es una reconfiguración social del territorio. La pregunta ya no es si estos proyectos cumplen la normativa, sino qué tipo de economía construyen: una basada en el arraigo, la accesibilidad y la resiliencia, o una dependiente, volátil y generadora de desigualdad estructural. Porque cuando el territorio se convierte en un bien de lujo, la sostenibilidad deja de ser un objetivo colectivo y pasa a ser un privilegio.
Artículo de Agnès Pérez © Todos los derechos reservados.
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